El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, entregó este viernes en Burgos al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, una "posición común", lograda entre el Gobierno regional, las cuatro organizaciones profesionales agrarias y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, en la que se pide una buena financiación para la Política Agraria Común (PAC) y que se base en sistemas de ayudas, mercados y desarrollo rural, entre otras cuestiones.
Se trata de una "posición de Comunidad", aseguró Herrera, quien también expresó la voluntad "de seguir trabajando y colaborando para conseguir una posición común española" en relación con la reforma de la PAC a partir del año 2014 y en el horizonte de 2020.
La "posición común" alcanzada se resume en cinco puntos: el "firme y decidido" apoyo a la PAC; la preocupación por determinados aspectos de la reforma; el acuerdo sobre una estructura de la Política Agraria basada en dos pilares, el de los sistemas de ayudas y mercados, y el de desarrollo rural; la atención a condiciones y costes diferenciados, y una "clara apuesta" por los jóvenes.
Herrera subrayó que la experiencia acredita que la PAC es preferible a tener 27 políticas agrarias distintas en la Unión Europea (UE) y que para conseguir una PAC reforzada en el nuevo marco financiero 2014-2020 hay que mantener "como mínimo" la financiación y dirigirse fundamentalmente al sector agrario y alimentario. "Europa debe blindar este sector para eliminar todo riesgo de dependencia externa que desestabilice los mercados y los precios al consumidor", expuso.
En cuanto a la preocupación mostrada por determinados aspectos de la reforma, el documento entregado al comisario europeo plantea, en relación al cambio en el régimen de pagos a la agricultura, la necesidad de mantener una buena financiación, contar con evaluaciones de impacto en el conjunto de la UE y en cada estado, dar estabilidad y mayor visibilidad a la PAC, así como lograr la simplificación de la misma.
Estructura
El tercer aspecto, la estructura de la PAC, recoge varias matizaciones como son que sea "una prioridad clara" el sistema de ayudas y mercados. La nueva política, según el documento, debe dirigir sus esfuerzos a conseguir que la actividad agraria sea rentable por sí misma, a través de un sistema de ayudas que tenga elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales que trabajen directamente y vivan fundamentalmente de esta actividad, facilitando que los mismos mantengan e inviertan en ella, y animando así la renovación generacional del futuro.
A ello añade que "Europa tiene la obligación de recuperar y reforzar los instrumentos de gestión de mercados, que contribuyan a paliar las graves situaciones de inestabilidad, incertidumbre y desequilibrio de mercado que, en la mayor parte de ocasiones perjudican al productor primario en sus costes y precios, y le otorgan una posición más débil en la cadena de valor alimentaria frente a la transformación y la distribución".
En este sentido, Herrera destacó que la normativa comunitaria sobre competencia debe contemplar las especificidades de este sector y resaltó la necesidad de que en los acuerdos comerciales e internacionales se aplique el principio de reciprocidad, "con un mismo nivel de exigencias sanitarias, sociales o ambientales a los productos importados".
Asimismo, el escrito recoge que la política de desarrollo rural debe prestar una especial atención a la mayor productividad, competitividad y rentabilidad de las explotaciones y del sector agroindustrial. En opinión de los firmantes, el desarrollo rural debería contar con unos recursos propios y suficientes para conseguir sus objetivos de equilibrio territorial y cohesión social.
Diferentes costes de producción
En cuanto a los dos últimos puntos, Herrera señaló que la agricultura en Castilla y León tiene considerables diferencias ya que hay actividades productivas con muy diferentes costes de producción que no pueden medirse por igual en el nuevo sistema de ayudas. A partir de la ayuda base a la renta, se propone una atención especial para determinadas producciones que tienen costes diferenciados, como es el caso en la región de las vinculadas al regadío, de aquellas que dependen de industrias con empleo en el medio rural (remolacha azucarera) y de la ganadería.
Asimismo, el documento considera de "vital importancia" que la nueva PAC potencie las medidas orientadas a la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria mediante instrumentos que permitan a este colectivo liderar la formación, la innovación, la puesta en marcha de empresas agrarias y la agrupación de productores, entre otras. También apuesta por un mayor reconocimiento del papel de la mujer rural, así como por el impulso y fortalecimiento del cooperativismo agrario.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico sostuvo que la economía de Castilla y León debe encontrar en el sector agrario y en su industria unos "perfectos aliados" para la recuperación económica y el empleo, sobre todo, "actuando en los espacios más frágiles desde el punto de vista de las oportunidades de empleo, como son las áreas rurales".