Sólo el año pasado FEAPS atendió en Castilla y León a 177 discapacitados intelectuales recluidos en prisión. En Segovia, existe un módulo dentro de la cárcel destinado a los presos con esta discapacidad, pero en el resto de España forman parte de la población reclusa. El problema es que, en la mayoría de las ocasiones, se les condena sin que un juez haya sido capaz de identificar que tienen una discapacidad.

En un juicio rápido, sin escuchar al acusado, es imposible identificar si quien se sienta en el banquillo tiene una discapacidad intelectual.

"Cuando hay un juicio puedes detectarlo porque a veces hay declaraciones incoherentes. Pero cuando hay un juicio pactado, que es una cosa normalísima, casi la mitad de ellos, no te enteras de nada", reconoce Florencio Marcos, Juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid.

Sin rasgos físicos que la describan, no es fácil reconocerla. Pero tampoco imposible implicar al sistema. 

Ana Belén Sevillano, responsable del programa de integración Reclusos FEAPS Castilla y León cree que es importante "que la policía sepa identificar qué personas pueden tener una discapacidad intelectual y que los abogados sepan identificar esas posibilidades".

Los delitos que cometen las personas con discapacidad son, por lo general, muy graves. "Contra la libertad sexual, abusos sexuales, bien violentos o de otro tipo. Delitos contra la vida, homicidios y asesinatos", reconoce Florencio Marcos.

Una vez en prisión, el entorno tiende a aprovecharse de ellos. Desde el programa de FEAPS

"Nosotros intentamos hacer un trabajo para detectar posibles abusos, posibles situaciones de extorsión dentro de prisión", explica Ana Belén Sevillano.

Para FEAPS lo ideal sería que cumplieran condena en centros específicos, fuera de las cárceles.