Los grupos parlamentarios de las Cortes aprobaron este miércoles por unanimidad la convalidación del Decreto Ley 3/2018 de 30 de agosto por el que se da luz verde a una subida salarial del 0,25 por ciento para los empleados públicos de Castilla y León, además de que se eliminan las limitaciones para el abono de la totalidad en las situaciones de incapacidad del personal. Así se materializa después de que el pasado 13 de julio el Consejo de Ministros acordara este mismo aumento una vez verificado el cumplimiento del crecimiento previsto del 3,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
En el artículo 1, el Decreto-ley recoge, por grupos y subgrupos, las cuantías en las que se van a incrementar las retribuciones del personal al servicio del sector público con efectos desde el 1 de julio de 2018, en los conceptos de sueldo y trienios, paga extraordinaria de diciembre y complemento de destino.
A su vez, la norma posibilita la autorización de un incremento de un 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.
Este nuevo texto legal también elimina las limitaciones para retribuir al 100 por ciento las bajas en caso de incapacidad temporal, una vez que se han eliminado en la legislación básica estatal.
Todos los grupos políticos respaldaron esta convalidación. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el procurador David Castaño recordó el ''esfuerzo'' que desarrollan los empleados públicos que han tenido que ''cargar'' con los efectos de la crisis económica, aunque lamentó que esa subida no compense la pérdida de poder adquisitivo acumulado durante estos años. Además, insistió en que todavía queda por abordar otros aspectos, como es el caso de la jornada laboral.
Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, Natalia del Barrio trasladó el apoyo por el hecho de la ''mejora'' que supone este incremento para la función pública. Aludió a la necesidad de referirse a la ''transparencia'' de la Junta en materia de función pública y lamentó el ''desbarajuste'' existente y que, a su juicio resulta ''tremendamente grave''.
El procurador socialista José Ignacio Martín Benito estimó que se trata de ''un tema importante'' y no ocultó el ''cansancio'' de los empleados públicos después de haber tenido que soportar ''penalidades'' y de ''cargarse la crisis a sus espaldas'', por lo que consideró que esta subida es ''de justicia''. De la misma manera, Martín Benito reclamó el papel ''vital e imprescindible'' de los empleados públicos que, sin embargo, continúan esperando la publicación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), de la convocatoria del concurso de traslados o de las gratificaciones ''tan excepcionales como opacas''.
Por último, el Grupo Parlamentario Popular elogió los últimos presupuestos generales del Estado elaborados del PP, que son los que han permitido estas medidas, lo que evidencia que ''eran unos buenos presupuestos''. Además insistió en que en Castilla y León se ha trabajado ''con toda celeridad'' para seguir en la ''senda de la recuperación'' de los derechos de los empleados públicos.