El Sistema de Salud de Castilla y León (Sacyl) ya ha valorado a tres afectados por la talidomida en la Comunidad aunque la estimación que baraja la Consejería de Sanidad es que entre 40 y 50 personas deberán ser evaluadas para comprobar si sus malformaciones corporales fueron consecuencia del medicamento que tomaron sus madres para controlar los vómitos durante el embarazo.

De momento, la Unidad de Diagnóstico de Afectados por Talidomida de Castilla y León, creada en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid para toda la Comunidad, ha recibido 26 solicitudes de pacientes para someterse a una valoración clínica y así determinar si son casos con derecho a una indemnización por parte del Estado.

Se trata de una unidad específica de alta resolución y de ámbito autonómico que permite la realización de todas las pruebas en una sola mañana aunque los resultados del estudio genético -que son remitidos al Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)- tardan entre tres y cuatro meses. De ahí que el responsable de la unidad, el genetista clínico Juan José Tellería, calcule que los primeros resultados de la valoración se obtendrán en torno al verano porque es un proceso "bastante complejo".

Una vez recopilados todos los datos, el responsable de la unidad elaborará un informe provisional que remitirá al Comité Científico-Técnico creado a nivel nacional, que será el encargado de emitir el informe definitivo. Los afectados con informe positivo serán incluidos en el Registro de Afectados por Embriopatía por Talidomida del Instituto de Salud Carlos III y, por tanto, tendrán derecho a una indemnización a los pacientes por parte del Estado, de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad, y recibir las prestaciones y los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos que les correspondan.

El plazo para la recepción de solicitudes de evaluaciones de las personas potencialmente afectadas por la talidomida finaliza el 19 de julio. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha creado una página web (http://talidomida.isciii.es) para rellenar los formularios que deberán ser enviados a la unidad del Clínico de Valladolid. Los requisitos serán presentar anomalías congénitas potencialmente compatibles con embriopatía por talidomida y haber nacido entre 1955 y 1985.

Una vez recibida la solicitud y valorados los criterios descritos, el paciente será citado para que en una mañana se le realice la anammesis, la exploración física, pruebas analíticas y complementarias e interconsultas en varias especialidades. Una de las tres personas que ya ha sido valorada es Mari Cruz Montero, quien agradeció el trato recibido. "Me he sentido como en casa y muy a gusto porque el doctor Tellería es muy amable y un profesional maravilloso", confesó.

"Cuestión de justicia"

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, reconoció este lunes durante la presentación de la unidad que es una "cuestión de justicia" que los pacientes afectados por la talidomida tengan su reconocimiento tras más de sesenta años. No en vano, recordó que la sanidad española no ha conseguido, "ni siquiera", tener un registro de víctimas que permitiría que estas personas reciban una indemnización y las prestaciones a las que tienen derecho, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea.

Saéz Aguado explicó que las reclamaciones judiciales en España no tuvieron éxito y generó que las administraciones "no se tomaran en serio el problema", pese a la presión de la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (Avite). En la actualidad, esta entidad está formada por 21 personas en la Comunidad aunque la estimación del Ministerio es que el número de casos afecta a una por cada 50.000 habitantes, de ahí el cálculo de que puedan existir entre 40 y 50 personas afectadas en la región por la administración de este fármaco.

El consejero abogó por cerrar el registro de afectados y "reconocer el daño causado". Un daño que soporta desde hace 59 años la segoviana Consuelo Ortega quien reconoció las dificultades que ha afrontado durante su vida, pese a estar casada y tener dos hijos y nietos "perfectos, son sus manitas y pies". Recordó que su madre era epiléptica y un médico la recetó talidomida para paliar los vómitos y evitar crisis. Luego, ella nació con un acortamiento de un brazo, con el consiguiente rechazo que sufrió durante su infancia y adolescencia y que aún padece por parte de vecinos y familiares. "Soy una persona y no un bicho raro", contó emocionada.

La también portavoz de Avite señaló los dolores que sufre después de trabajar desde los 14 años, primero como asistenta y luego como empleada de limpieza en un centro comercial de Segovia. No en vano, la falta de un antebrazo le obligaba a forzar otras partes del cuerpo como los hombros, la columna vertebral y las rodillas. "La culpa no fue de mi madre ni del médico que le administró la pastilla pero cuando se supo que talidomida hacía daño nadie lo evitó y el Estado español nos ha tenido, hasta ahora, abandonados", aseveró.

Consuelo tuvo palabras para las personas afectadas por la talidomida que no podrán acceder a las indemnizaciones y prestaciones. Recordó los compañeros "luchadores" fallecidos el año pasado o el niño de 7 años que murió en 1985 por los efectos del medicamento.