ENERGÍAS

Las Cortes piden una negociación con la Xunta para la retirada del recurso contra el Decreto del carbón

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Los 'populares' y el grupo Mixto piden la aplicación "sin demora" del reglamento y que se promueva con las comunidades la búsqueda de una nueva política energética.

ICAL - miércoles, 09 de febrero de 2011

Las Cortes de Castilla y León pidieron este miércoles a la Junta de Castilla y León que solicite al Gobierno central, con "audiencia" y participación del Ejecutivo autonómico, que negocie con la Xunta de Galicia la retirada del recurso presentado contra la aplicación del Real Decreto, que regula las ayudas a la adquisición de carbón autóctono. Esta Proposición no de Ley del Grupo Mixto recibió el apoyo de los parlamentarios del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista.

La propuesta presentada por Joaquín Otero, que modificó el texto inicial de la PNL, no logró el apoyo de los socialistas porque éstos pretendían que la Junta de Castilla y León asumiera la negociación con la Xunta de Galicia, un extremo que no apoyaron los 'populares' y que tampoco contó con el beneplácito del Grupo Mixto. Además, las Cortes aprobaron la PNL del PP, con apoyo de Otero, que compartía la exigencia planteada al Gobierno de España y que incorporó en la sesión plenaria otros dos modificados.

El primero hacía referencia a exigir una aplicación "sin dilación, ni demora" del Real Decreto del carbón y el segundo, 'transaccionado' con el PSOE, sobre la posibilidad de que el Ejecutivo central continúe promoviendo un acuerdo con los grupos políticos y las comunidades autónomas para diseñar una nueva política energética, en línea con el pacto social y económico alcanzado pro el Gobierno central, los sindicatos y la patronal. Este punto fue expresado 'in vocce' por la parlamentaria socialista Inmaculada Larrauiri, por lo que su grupo se abstuvo al optar la Mesa por una votación conjunta de los tres puntos de la proposición.

La situación del sector minero centró gran parte del debate parlamentario, ya que el orden del día del pleno incluyó tres PNL de los tres grupos, de las que fueron aprobadas la 'popular' y la presentada por el grupo Mixto. Otero argumentó que el Gobierno como autor del decreto debe negociar con el "recurrente", la Xunta de Galicia, aunque teniendo en cuenta la posición de Castilla y León, en virtud de la figura jurídica del "coadyugante".

Asimismo, Otero indicó a los parlamentarios que las Cortes deben celebrar la "resurrección" de la minería, porque en su opinión estaba muerta e instó a los grupos a enviar al sector un mensaje de "unidad", un deseo que se vio cumplido parcialmente debido a que PP y PSOE no alcanzaron un punto de consenso sobre a qué administración le correspondía negociar e intervenir ante la Xunta de Galicia, para los socialistas la Junta y para los 'populares' el Gobierno central.

Actuación "blandengue y torticera"

La procuradora berciana Ángela Marqués, que defendió la propuesta socialista, acusó al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León de haber tenido una actuación "torticera" y "blandengue" respecto a la actitud "beligerante" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La parlamentaria del PSOE señaló que es "cuestión de vida o muerte" la retirada del último "fleco" pendiente para la aplicación del decreto ya que aseguró: "Nos puede complicar la vida a todos". Además, acusó al jefe del Ejecutivo autonómico de reunirse sólo con los "convencidos" en alusión al encuentro celebrado con otras comunidades autónomas.

Enfrentamiento territorial

Por su parte, el 'popular' Raúl de la Hoz insistió en que es "falso" la afirmación del PSOE de Castilla y León de que es "ilegal" el desarrollo del Real Decreto mientras la Xunta de Galicia mantenga el recurso en el Tribunal de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Además, acusó a los socialistas de buscar con sus peticiones un "enfrentamiento territorial". También criticó que el Gobierno de España retirara el incentivo a la minería y no aprovechará el semestre de Presidencia de la UE para garantizar el futuro de la minería.

Larrauri explicó que era ilegal el desarrollo del decreto hasta que las eléctricas no retiraron el recurso y calificó la acusación de "maniobra torticera". "El Gobierno no se rinde y busca soluciones", expresó y relató los avances logrados a su juicio durante la Presidencia española, que sirvieron, según indicó, para prorrogar las ayudas a la minería hasta 2018 y modificar le reglamento de la Comisión Europea, que fijaba el cierre de las explotaciones deficitarias en 2014.

Finalmente, De la Hoz sentenció que el problema generado al sector es responsabilidad de la "inacción" y "dejadez" del Gobierno, a lo que Marques respondió que Herrera "se moje y hable con sus compañeros". El 'popular' Pedro Muñoz Fernández calificó estos argumentos de "excusas de mal pagador". También Otero defendió "velar" porque el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón se cumpla y este mes las térmicas comiencen a quemar carbón nacional.

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