Las 5.300 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Castilla y León, que este lunes están llamadas a la huelga ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo del sector tras año y medio, denuncian el "desinterés" de la Gerencia regional de Servicios Sociales, la "irresponsabilidad" de las entidades locales y la "voracidad" de las empresas que, con su gestión, "degradan" la gestión del servicio y los derechos laborales. No en vano, un comunicado conjunto de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras critican que las empresas disponen de las empleadas de la ayuda a domicilio "a demanda".
Ambos sindicatos consideran que ha llegado el momento de "dar un golpe encima de la mesa" para que las administraciones y empresas entiendan que las auxiliares del SAD, que acuden diariamente a multitud de hogares en pueblos y ciudades y dan respuesta a multiplicidad de situaciones de atención de la vida de 22.278 personas, tienen derecho a un convenio digno.
El comunicado recuerda que las empresas mayoritarias que se sientan en la mesa de negociación (Clece, Valoriza, Seralia y Azvase) ofrecen "limosnas" a sus empleadas de ayuda a domicilio. Alerta de la "gran cruz" del sector, con una alta precariedad en la contratación a tiempo parcial, por lo que la mayor de las trabajadoras no cobra más de 400 euros. No en vano, asegura que son pocas las profesionales con una jornada completa de 36 horas, con un salario estipulado de 873 euros. De ahí que la mayor parte no puede acceder a una jubilación ordinaria y se ve obligada a elegir una anticipada, ante la imposibilidad que realizar el trabajo con determinada edad, y por el deterioro físico.
Manifiestan que la ayuda a domicilio es un servicio social público, catalogado como prioritario en la ley de Dependencia así como en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. Sin embargo, alerta que las instituciones han relegado este servicio a un estado "residual", externalizado y gestionado por empresas privadas, que priman sus beneficios económicos a la calidad y objeto del servicio. "Sus márgenes empresariales son siempre a costa del trabajo de las auxiliares sin la garantía de los derechos laborales", aseveran UGT y CCOO.
Los sindicatos precisan que la asistencia, la cobertura y la intensidad que precisan las personas dependientes son "insuficientes". Explican que el número de horas recortadas en torno al 30 por ciento en el conjunto de Castilla y León permite otorgar servicios de 30 minutos de servicio diario. También critican que las administraciones "aconsejen" a los usuarios optar por las prestaciones vinculadas, sobre las que no se ejerce ningún control ni se garantiza el cuidado profesionalizado de los beneficiarios, ya que da lugar a una economía sumergida y no controlada.
En el plano laboral, las empleadas de la ayuda a domicilio denuncian que no tienen garantizado el empleo. Señalan que el recorte de horas ha supuesto expedientes de regulación de empleo "camuflados" con varios despidos, reducciones de jornadas y mayor flexibilidad horaria. Después de llevar desde 2009 sin negociar los diferentes artículos del convenio, consideran que es necesario negociar unas nuevas condiciones "dignas", con una subida salarial del 2 por ciento desde enero de 2018, en base al Acuerdo nacional firmado entre sindicatos y patronal que nos permitiría recuperar la pérdida del poder adquisitivo y con el reconocimiento del cien por cien del tiempo de trabajo en los periodos de traslado de un hogar a otro, tanto para la zona rural como urbana.
El comunicado recoge la situación del sector de la ayuda a domicilio, conformado casi en su totalidad por mujeres, de mediana edad, que desarrolla una actividad en solitario para atender las necesidades básicas de las personas dependientes como aseos, movilizaciones, comidas, atención personal y compras, además de prestar apoyo físico y emocional.