La Consejería de Agricultura y Ganadería ha planteado este viernes crear un marco de colaboración entre productores de patata y cadenas de distribución que sirva para lograr un compromiso de aumentar el consumo de tubérculo de Castilla y León que impulse el precio en origen, ya que se está dando el caso en esta campaña de comunidades autónomas, como las del litoral mediterráneo, Cataluña o Madrid, principales demandantes de este producto en España, que adquieren patata exterior de conservación. Para ello, cobra especial importancia la marca Tierra de Sabor, que contribuye a identificar la patata de la Comunidad.

Así lo explicó el director general de Industrias y Modernización de Explotaciones, Jorge Morro, tras asistir a una nueva reunión de la Mesa Regional de la Patata, que mantuvo en Valladolid el sector al completo (Administración, opas, almacenistas, industrias y cadena de distribución).

En una reunión a la que no asistió la consejera del ramo, Silvia Clemente, Morro desveló que el objetivo de la Junta, al menos, es conseguir el mismo resultado que en la campaña de 2009, también negativa para el sector, y que concluyó con la venta de un 20 por ciento más de patata que el año anterior gracias a una campaña de promoción de la Consejería, si bien aquella iniciativa no impulsó el precio del producto.

Morro achacó también la crisis de los precios de este año a la sobreproducción de patata nacional, dado que el arranque en Castilla y León se ha solapado con el de Andalucía, que habitualmente es más temprano, y que no pudo sacar al mercado su producción por verse afectada por la crisis del e.coli. Además, la extraña climatología de este verano ha propiciado una precocidad en el cultivo en determinadas variedades que también ha perjudicado al sector.

En todo caso, el director general de Industrias y Modernización de Explotaciones consideró que no se puede hablar año a año de medidas coyunturales para solucionar la problemática de precios, y apostó por otras de carácter estructural. Al respecto, reiteró en primer lugar un punto en el que Junta y organizaciones profesionales agrarias se muestran de acuerdo, como es el escalonamiento del arranque de la patata, algo que conocen los 3.200 cultivadores con más de 1,5 hectáreas de superficie, así como el almacenamiento del producto por parte de aquellos profesionales que tengan capacidad para ello, algo que redundaría, según Morro, en el precio y supondrá un valor añadido para el agricultor.

Precisamente sobre este punto se mostraron escépticos los representantes de las opas, quienes demandan desde hace tiempo a la Administración agraria mayor inversión para impulsar el almacenamiento, como sucede en la mayor parte de países europeos.

Contrato tipo

La segunda medida estructural que propuso Morro es la firma de contratos por parte de agricultores que "dé estabilidad y seguridad en los precios", acuerdos que se tienen que suscribir antes de la siembra. Éstos también deben ser en fresco, aspecto que tiene un seguimiento "pequeño, con cantidades marginales de producción". De hecho, Morro recordó que está demostrado que en periodos de diez años "es más rentable" la producción sujeta a contratos que el resto. "Hay quienes prefieren jugársela, y les sale bien el año que la patata tiene buen precio, pero en años como este no", puntualizó.

Sobre este aspecto, las opas mostraros sus diferentes posturas. Así, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, quien aún no dio por perdida esta campaña que aún se puede recuperar en precios, defendió que se promocione la patata regional por parte de la Administración y la industria, y reclamó que ese contrato no sea solo por parte del agricultor, sino "a tres bandas", entre éste, el intermediario y la distribución.

Igualmente, Dujo consideró que "no es bueno" que una Comunidad que produce un millón de toneladas de patatas anuales "no tenga capacidad de almacenamiento, lo cual también contribuye a la caída del precio". Por último, urgió al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) a convocar una reunión con los grandes envasadores y distribuidores de patata, con el objetivo de que apoyen a las empresas y agricultores de este cultivo con la compra de tubérculo nacional. Para ello, la organización agraria considera que es necesario un plan desde el Ministerio para que el mercado agroalimentario español se abastezca cada vez más de productos del país, dado que actualmente "se está engañando a los mayores consumidores nacionales", que adquieren patata francesa de conservación cuando en España la hay fresca. Y más aún, con el agravante de que actualmente el país galo "está poniendo trabas para el paso de los productos españoles".

¿Se parará el arranque?

El responsable del sector de patata de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Guillermo Ruiz, fue el más crítico y cargó contra la Consejería, al calificar de "falta de respeto" hacia los agricultores que en la reunión no estuviesen presentes ni Silvia Clemente, ni tampoco la viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual. También consideró "vergonzoso" que el único punto del orden del Día en la Mesa de la Patata fuese el análisis de la situación, "cuando eso era algo que se tenía que haber hecho hace tiempo, y ahora poner medidas para buscar una solución". Igualmente, valoró la necesidad de un repunte de los precios y dijo que los agricultores conocen que "la Consejería se gasta cantidades ingentes de dinero en promocionar Tierra de Sabor, mientras el sector está en ruina".

Por último y respecto al anuncio realizado por UCCL de parar el arranque de patata si en esta reunión no había medidas claras, Ruiz avanzó que será la Asamblea de Tordesillas del próximo martes la que decida "si hay paro o no, porque se preguntará directamente a los cultivadores".

Al respecto, el coordinador regional de Coag, Aurelio Pérez, que habló en nombre de ‘La Alianza por la Unidad del Campo’ –que también conforma UPA, rechazó la posibilidad de paralizar ahora el arranque del tubérculo "porque podría suponer la pérdida de la cuota de mercado actual que pasaría a ocupar la patata de otras zonas y sería difícil recuperarla".

Pérez señaló que la Alianza reclamó en la Mesa de la Patata que de los márgenes que la distribución impone actualmente se destinen tan sólo cuatro céntimos por kilo para los productores, y se llegue así a los 12 céntimos para salvar la campaña de precios y por lo tanto para cubrir los costes de producción de los agricultores. "Si somos capaces de hacer esto y señalar a los especuladores que buscan hundir el sector haciendo el agosto en 15 días, se podrá salvar la situación", animó.

En este sentido, UPA y COAG pidieron a la Junta que sea firme en su posición y actué para acabar con los "abusos" que actualmente cometen las industrias y la distribución, y "que tienen como víctima indefensa al productor". Además, puso sobre la mesa otro problema al que se enfrenta el sector, ya que se empieza a comercializar ya la patata tardía, "que tiene mejor presencia y es más fresca y será un tapón para la que aún está sin vender y sin arrancar en las tierras".

En cuanto a la posibilidad de suscribir un contrato tipo, Pérez se mostró de acuerdo, pero siempre que también entre en el mismo los almacenistas y la distribución, aspecto en el que se mostraron de acuerdo todas las opas. Por último, la Alianza exigió de nuevo un compromiso a las industrias, y más después de que en el último año hayan percibido seis millones de euros en concepto de ayudas por parte de los fondos públicos del Gobierno regional.

Además, la responsabilidad de los mínimos precios que sufre el sector productor la comparte la industria con la distribución, teniendo en cuenta, según la Alianza, "que ésta última sigue suministrando patatas importadas de Francia sin asumir compromiso alguno con el producto nacional".