Los cinco ex miembros del Consejo de Administración de Caja España que este martes estaban llamados a declarar en el caso que sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de León por un posible delito societario prestaron testimonio y coincidieron en argumentar que actuaron dentro de la legalidad y de la propia normativa de la entidad al aprobar la refinanciación de préstamos a las empresas del entonces presidente, Santos Llamas. No hacerlo, explicaron, hubiese implicado llevar a la Caja a una situación concursal, dado que eran varios los casos de empresarios en la misma situación con cantidades muy importantes pendientes de pago.

La declaración más larga fue la del catedrático de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid, Zenón Jiménez-Ridruejo, quien respondió a todas las partes y justificó detalladamente sus consideraciones. ''Si no aprobábamos las renovaciones de todos los grupos inmobiliarios, y para mí, el de Santos Llamas era uno más, la alternativa era que Caja España en 2009 hubiera podido tener pérdidas y podía haber entrado en concurso de acreedores; y eso es radicalmente mucho más dramático y mucho más costoso en términos económicos y sociales que la posibilidad de que a lo largo del tiempo hubiera habido alguna consecuencia de riesgo en alguna operación del grupo Santos Llamas'', explicó.

La Fiscalía sostiene que la refinanciación de préstamos a Llamas entre 2009 y 2012 generó un perjuicio económico de casi 60 millones, mientras los investigados reiteran que la opción alternativa hubiese sido peor. ''Con una crisis terrible en lo financiero y en lo económico, sostener la Caja, mantener los puestos de trabajo -se salvaguardaron 2.000-, garantizar la estabilidad del sistema financiero de Castilla y León, que las empresas del sector siguieran con su actividad normal, pudo más y fue mucho más importante a la hora de tomar la decisión. Y la tomamos con fundamento, con estudio, con serenidad, con rigor y sin contar para nada quién era el presidente'', sostuvo.

''Si me permite la broma, no estaba entre los santos de mi devoción'', dijo sobre Santos Llamas, antes de mostrarse partidario de reclamar en el caso la presencia de ''los auténticos inspectores que había en Caja España en aquel momento, no otros que vinieron luego y los equipos directivos para que corroboren mi opinión de que las operaciones del grupo Santos Llamas, económicamente y financieramente estaban bien fundadas''.

Tanto es así, que defiende que el informe de los peritos que trabajaban en el Banco de España sobre el caso están menos justificados y deja claro, por otro lado, que nunca estuvo a favor de que se nombrase presidente de la Caja a un empresario de la construcción.

El secretario autonómico de Asaja, José Antonio Turrado, también defendió que el Consejo de Administración actuó de la forma más razonable posible, para evitar un proceso concursal y siempre pensado en lo mejor para Caja España, dentro de la legalidad.

Por su parte, la ex concejala del PSOE en Palencia, Begoña Núñez, aseguró que siempre miró ''única y exclusivamente por los intereses de la caja. Toda la operación contó con toda la legalidad, cumplió toda la normativa, tanto interna como del Banco de España, era una novación (sustitución de una obligación por otra otorgada, de modo que la primera queda anulada) viable y una de las muchísimas que se veían en esa época''. Actuó, recalcó, ''por el bien de la caja; nunca para que Santos Llamas fuera o dejara de ser presidente de la Caja''.

La letrada de Izquierda Unida, formación que presentó la querella que dio pie al caso, Ana Peñalosa, comentó que les llama la atención que, al contrario de lo manifestado ayer por el ex alcalde socialista de León, Francisco Fernández, Jiménez Ridruejo señalase que él estudiaba profundamente los informes de los técnicos y de los documentos y en base a ello emitía su voto. ''Había posibilidad de estudiar uno mismo y emitir el voto conforme a la opinión propia'', dijo. También llamó la atención sobre el hecho de que ''la querella va dirigida a eso'', de que no se tratase de forma igual a los particulares -contra quienes se llevaron a cabo desahucios- que a los empresarios.