La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, no descarta totalmente que la reforma de la PAC 2014-2020 contemple una tarifa plana, como plantean los textos legislativos, si bien aboga por que solo se lleve a cabo si ésta se acompaña de una regionalización que responda a criterios agronómicos por tipos de cultivos y por zonas concretas. Además, pide que se modifique la regulación de los complementos medioambientales.
En ‘Los Desayunos de Ical’, Clemente aseguró que los más perjudicados por la reforma, tal y como está planteada, serán los profesionales del sector y rechazó la fórmula que prevé el comisario europeo “porque es muy compleja, va en contra de la simplificación y no consigue diferenciar los pagos que finalmente puede percibir un profesional en función de sus costes de producción”.
Clemente también abordó, en este sentido, la eliminación de los derechos históricos, una cuestión que no es ‘casus belli’ para Castilla y León “porque se puede hacer una definición dentro de la PAC de un sistema de pagos que puede contemplar las diferentes situaciones que existen y las distintas realidades de producción en España”. Y ello, añadió, no tiene por qué basarse en los derechos históricos, sino en una realidad de productividad, rentabilidad y competitividad.
La titular del departamento agrario recordó que esta posibilidad ya la planteó a los parlamentarios europeos en su viaje a Bruselas en el mes de diciembre y que hará lo propio con el ministro de Agricultura, Miguel Alias Cañete, en su reunión del próximo martes, 24 de enero. Además de la tarifa plana, la consejera reiteró su rechazo a otras medidas que “perjudican claramente” a los agricultores y ganaderos profesionales. “Eso es gravísimo si se pretende impulsar una actividad competitiva, productiva y rentable”. Asimismo, indicó que se penaliza a los cultivos de regadío, a los industriales y a la ganadería de cebo intensivo, “con todo lo que significa esto en Castilla y León”. De hecho, dijo, la ganadería “ni siquiera se menciona en ninguno de los textos de los siete reglamentos”.
Entre las medidas rechazadas se encuentra la definición de agricultor activo, cuya reforma incluye a todos aquellos que perciben un cinco por ciento de sus ingresos provenientes de las ayudas de la Unión Europea y deja fuera a todos los que cobran menos de 5.000 euros, que en Europa son el 85 por ciento. Por ello, insistió en que esta definición en Europa “no acaba con el agricultor de sofá” al que se refirió el propio comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, cuando presentó el documento. Intervención en los precios
Igualmente, Clemente lamentó que el documento no recoja mecanismos de intervención sobre los mercados en la formación de precios, cuando en los textos legislativos se enunciaba la necesidad de este tipo de instrumentos. A juicio de la consejera, establecer un capítulo en este sentido evitaría problemas como los registrados en estos años, por ejemplo, en el sector lácteo, “que al final se ha necesitado ponerlos en marcha, tras casi tres años de proceso, para corregir los gravísimos problemas de precios que percibían los ganaderos de vacuno de leche”.
Por lo tanto, apuntó, “parece lógico que aprovechando la reforma se introduzcan estos mecanismos y se haga mayor hincapié en la necesidad de establecer contratos entre productores y transformadores, y se incentiven las organizaciones interprofesionales para conseguir una mayor concentración de la oferta y por lo tanto negociar los precios”. Aunque este modelo lo tiene que incluir la PAC, Clemente abogó por que vaya en paralelo con una regulación nacional.